por Remula el Sab Feb 23, 2008 6:43 am
En los últimos años, las relaciones entre Venezuela y Colombia se han visto seriamente perturbadas por la agresión violenta de grupos armados que operan impunemente en el lado colombiano de la frontera con Venezuela. Venezuela vive de manera continua acciones insurgentes de grupos que pertenecen al narcotráfico, la guerrilla, la delincuencia y el bandolerismo, que desafían permanentemente el entendimiento civilizado y la convivencia pacífica en la zona fronteriza de dos países vecinos, y violentan el desarrollo y la vida cotidiana de los que allí habitan.
Las agresiones armadas al territorio y al Estado venezolano, contra civiles y militares, es cada día más grave y preocupante. Al número de soldados y civiles venezolanos muertos y heridos, víctimas de la acción armada de la narcoguerrilla, hay que sumarle el hostigamiento diario que se comete contra la vida productiva económica y social de la región, contra trabajadores, productores, comerciantes y empresarios, secuestrados y chantajeados con pago de "vacunas" y rescates, a cambio de sus vidas y la de sus familiares. La violencia que envuelve la vida en la frontera vulnera los mas elementales derechos humanos, consagrados hoy en el ordenamiento jurídico internacional.
El drama del que Venezuela es hoy víctima, no puede ni debe soslayarse de la realidad hemisférica. Observamos con honda preocupación los efectos expansivos de las actividades de la narcoguerrilla, y cómo la paz y la democracia podrían verse amenazadas por la repetición de estos hechos en muchas fronteras latinoamericanas, por la situación de violencia interna que viven algunos de los países del hemisferio, trasladada a las zonas fronterizas, donde se agrava por la pobreza que, en la mayoría de los casos, agobia a sus poblaciones.
Este cuadro es un problema de seguridad y defensa hemisférica que debemos atender prontamente, ante el crecimiento desmesurado del narcotráfico que, apoyado en grupos irregulares armados, sabotea la acción de los Estados, poniendo en peligro la paz entre las naciones y por tanto la seguridad y estabilidad democrática del hemisferio.
El narcotráfico es un problema internacional y como tal debe ser asumido. Es una amenaza particular en nuestra región, en la que su acción ha crecido de manera alarmante por el apoyo logístico que le presta la guerrilla asentada en zonas rurales y fronterizas, a pesar de los esfuerzos realizados por nuestros países con ayudas bilaterales y multilaterales. Los carteles de la droga han conformado toda una industria del delito, apoyada en la organización que tiene la guerrilla, que protege sus cultivos y los laboratorios clandestinos de procesamiento de la coca. Es una guerra no declarada contra la seguridad de nuestras naciones y contra la estabilidad política del hemisferio.
En Venezuela, a todo efecto práctico, vivimos una guerra declarada por parte de las fuerzas del narcotráfico y de la guerrilla, quienes en alianza con grupos de bandoleros, mantienen azotadas las poblaciones fronterizas, sin que hasta ahora los acuerdos y convenios binacionales suscritos al respecto hayan sido efectivos. El gobierno venezolano ha cumplido sus compromisos internacionales y ha tomado importantes medidas, tanto en el ámbito militar como en el ámbito civil, para proteger nuestras fronteras y a nuestros connacionales, ante un problema que evidentemente no es de origen venezolano.
Sin embargo, la narcoguerrilla se escuda en el concepto de soberanía colombiana y en la incapacidad declarada públicamente por el Estado colombiano para ejercer acciones contundentes y efectivas. La narcoguerrilla, armada con equipos altamente sofisticados, actúa de manera impune del lado colombiano de la amplia franja fronteriza, en la que ha impuesto un orden al que la población, generalmente campesina y pobre, no le queda más remedio que subordinarse.
Pero lo mas preocupante, es la actuación de estos grupos en zonas donde sí hay autoridad y representación del Estado colombiano y donde, lamentablemente, tenemos la información de que la narcoguerrilla es apoyada sinuosa y solapadamente por los niveles locales de gobierno, como es el caso de la zona colombiana de Arauquita, que se ha transformado en un centro de operaciones de la narcoguerrilla, con el soporte de las autoridades electas, quienes afirman permanentemente que Venezuela es la agresora. Fuentes de inteligencia han confirmado, que seis de las agresiones armadas que este año ha sufrido Venezuela, han sido planificadas desde ese centro de operaciones y, una vez ejecutadas, se ha convertido en refugio seguro para los atacantes.
Venezuela es uno de los pocos países de América Latina que es objeto de este tipo de agresiones externas. Y debemos reconocer también, que este no es un problema originado en Venezuela, aunque es su principal víctima, ni tampoco es un problema del que podamos desprendernos tan fácilmente y con medidas aisladas y solitarias.
Las declaraciones e intenciones de acción que hemos recibido de parte de la Cancillería colombiana no encuentran traducción en los hechos. Venezuela, en una actitud seria y responsable, con total apego al derecho internacional, hace ingentes esfuerzos para atender los puntos fronterizos críticos, sin que hasta ahora haya un esfuerzo recíproco efectivo y proporcional por parte del Estado colombiano.
Colombia, a pesar de sus esfuerzos, se ha visto imposibilitada para ejercer el control de la situación y no ha ocupado de manera efectiva las zonas conflictivas de la frontera. Debemos reconocer, que Colombia no tiene capacidad para ocuparse de su frontera; que el Estado colombiano es incapaz de controlar la violencia extendida en una gran porción de su territorio.
Ante esta situación, en Venezuela peligrosamente crecen las voces que llaman a acciones más enérgicas y radicales de nuestro país hacia la República vecina, acciones que evidentemente son inaceptables en un mundo civilizado y pleno de mecanismos de diálogo y entendimiento internacional, si existe la voluntad compartida de emprenderlos. Pero ante esta escalada de ataques armados, debemos evitar a toda costa el riesgo de un conflicto entre Venezuela y Colombia, provocado por la acción de la narcoguerrilla, la guerrilla y la delincuencia fronteriza, y por sectores interesados en promover un conflicto que beneficiaría a pocos y conduciría a incalculables pérdidas para ambas naciones.
Debemos considerar la necesidad de establecer y aplicar en este caso específico, un sistema de seguridad y defensa multilateral que permita la cooperación internacional, a fin de minimizar los riesgos de conflicto entre los países fronterizos y abortar, de una buena vez, la acción de grupos de irregulares que actúan como fuerzas paramilitares o paraestatales, como es el caso de la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia.
Estoy convencido, de que este caso es un problema de seguridad hemisférica que amerita una visión global de cooperación multilateral. La capacidad de los gobiernos está mermada tanto por las crisis económicas y sociales internas que viven nuestros países, como por los recursos financieros y el apertrechamiento del que disponen el narcotráfico y las fuerzas irregulares que le sirven de sostén y apoyo. He sostenido reiteradamente en mi país, la necesidad de considerar como opción válida la creación un Consejo Interamericano de Seguridad y Cooperación Regional, que bien podría servir como instrumento multilateral que ejerza acciones diplomáticas preventivas, a los fines de evitar la proliferación de conflictos entre países fronterizos, que afectan a los países y poblaciones directamente involucrados, con serio riesgo de extensión hacia otros países, afectando sensiblemente la paz y seguridad del hemisferio.
Obviamente, la solución de nuestros problemas fronterizos no puede pasar por el tamiz de las acciones exclusivamente militares. Comparto la idea de que sólo una política integral de los Estados puede reducir considerablemente la acción de estos grupos irregulares. En este sentido, decisiones y acciones civiles, políticas, económicas, sociales y ambientales, entre otras, son urgentes y necesarias.
Sin embargo, dada la delicada situación de tensión y violencia que vive nuestra vecina República y la incapacidad oficial admitida por el Estado colombiano para controlar efizcamente la acción de estos grupos, iniciativas tales como una fuerza multinacional de paz podrían, en lo inmediato y dada la urgencia del caso, salvaguardar vidas en la región e impedir que el narcotráfico y la guerrilla sigan actuando y expandiéndose hacia otros países del hemisferio. Tal fuerza multinacional actuaría en una zona fronteriza de resguardo y ayudaría al Estado colombiano, bajo su coordinación y mando, en operaciones que actualmente no pueden realizar por escasez de recursos.
Problemas complejos requieren soluciones novedosas. En un mundo globalizado y cada vez más interdependiente, la narcoguerrilla nos está obligando, a colombianos y venezolanos, a promover situaciones de cooperación a través de modelos no tradicionales.
Debemos ser capaces de enfrentar exitosamente las agresiones e interferencias de la narcoguerrilla y sus asociados, que pueden radicalizar los problemas cotidianos propios e inherentes a la vecindad de países fronterizos.
Venezuela es víctima de una violencia no provocada por ella; Venezuela ha sido objeto permanente de invasiones a su territorio y de agresiones armadas por parte de un "estado colombiano paralelo" constituído por estos irregulares y, por tanto, tiene derecho a exigir soluciones concretas y efectivas que pongan punto final a la escalada de violencia en su contra.
La paz y seguridad de nuestras naciones están amenazadas ante las posibilidades efectivas de que ocurra un conflicto fronterizo, que ninguno de nuestros Estados ha buscado. Sólo una acción decidida de cooperación multilateral es capaz de abortar los peligros que enfrentan las democracias de nuestros países, ante la acción destructiva del narcotráfico y la narcoguerrilla.
La seguridad hemisférica así nos lo exige.